55 mil inmigrantes beneficiados con la nacionalidad dominicana en un solo golpe

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Cuando el problema es mas grande de la solución, se impone el problema este principio parece ha prevalecido en la problemática entre la República dominicana y Haití. Donde Haití es el problema y República Dominicana la solución.

 

Una plan de regularización nacional gratis pagado con el dinero de los dominicanos y con un tiempo de duración largo sin contar la prorroga que se concedió para beneficiar a la mayoría de los beneficiados del plan.

Cuando 55 mil extranjeros con un golpe mágico obtienen la ciudadanía de un pequeño país de solo 11 millones de habitante no se puede hablar mas de soberanía nacional. estos son dato oficiales publicados por instituciones naciones e internacionales.

Estos 55 mil nuevos ciudadanos al vapor tienen derechos políticos, es decir puede ser elijado y eligir. (Pueden Votar). de acuerdo a la actual constitución dominicana vigente.

Estamos hablando almeno  de 40 mil nuevos electores (VOTOS) de personas quienes en su mayoría consideran al pueblo dominicano como un enemigo histórico.

Esto se podría ser  el futuro suicidio de la política tradicional dominicana.

¿Quien se interesa de los derechos de los dominicanos?

Un enorme numero de organizaciones internacionales vienen a República Dominicana en defensa de los derechos de los haitianos, pero de los derechos de los dominicanos no se interesan.

Deberíamos de recordar a la comunidad internacional que en República Dominicana tenemos problemas de derechos fundamentales y de pobreza.

El llamado del canciller a defender la patria

Escuchado por pocos sobre todo en el exterior el llamado del canciller de la República Dominicana Andrés Navarro García, Sí almeno la mitad de los que cobran en la nomina de cancillería salieran a defender el país que le paga sus altos sueldos en dolares la situación fuera otra.

Son muy poco los embajadores cónsules y demás involucrados en la defensa de nuestro país en el exterior.

El gobierno haitiano no colaboro con sus connacionales ni dotando de documentos de identidad a sus compatriotas interesados en someterse al plan nacional de regularización pagado con el dinero de los dominicanos pero las organizaciones internacionales no intervinieron

Para a profundizar se invita a consular los siguientes sitios Internet

Oficina nacional de estadísticas nacional de la Republicana Dominicana

http://www.one.gob.do

Datosmacro portal especializado en estadísticas de las naciones

http://www.datosmacro.com/paises/comparar/haiti/republica-dominicana

Las 9 fases de la Fusión de Haiti con República Dominicana

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Para entender la crisis Haití-RD en todas sus esferas, particularmente en materia de conflictos comerciales y migratorios, no es suficiente con observar. Es más, ni siquiera basta con conocer de ambos países la historia y las tendencias de sus relaciones recíprocas. Conocer de primera mano la muy precaria situación económica de ambas naciones, y comprender la naturaleza humana y el comportamiento de sus Poderes Públicos y la población que administra, son apenas los primeros pasos para poder intentar sacar algunas conclusiones con más o menos algo de certeza.

¡Pero cuidado! Estudiar estos factores desde un cómodo sillón, un fino escritorio, una costosa computadora portátil y una lujosa oficina de un organismo internacional o una entidad gubernamental de un país poderoso, podría no ser el acercamiento más realista. Me refiero más bien al imperativo de analizar las cosas en un contexto nacional, binacional e internacional, manteniendo un adecuado nivel de rigor jurídico y económico, sin perder de vista los problemas reales y las posibles soluciones viables, o al menos ejecutables.

Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, ha resultado muy obvio que el Poder Ejecutivo dominicano ha asumido una agenda de carácter entreguista, posiblemente promovida por algún tipo de presión externa o compromiso foráneo mal asumido. No deja de llamar la atención el alto nivel de peligro autodestructivo que implica esta situación para el Estado dominicano, puesto que las consecuencias inmediatas de sus nuevas iniciativas son dos: el desafío a la decisión rendida por el máximo representante de otro Poder del Estado (el Tribunal Constitucional), y el atropello de la voluntad del 90% de la población que respalda la corriente constitucional precitada.

Entonces, si el Plan Nacional de Regularización de extranjeros ya ha sido puesto en marcha por Decreto, aún por encima de las advertencias sobre graves ilegalidades e inconstitucionalidades alertadas por valiosos especialistas en la materia, ¿qué nos espera ahora?

Reconociendo de antemano que dicho Plan facilita la regularización de todo extranjero ilegal radicado en el país hasta el año 2011, sin exigirles el depósito anticipado de documentos para ser beneficiados por el nuevo régimen de regularización y, además, prohíbe expresamente las deportaciones hasta el año 2015, es indiscutible que el escenario nacional acaba de dar un giro radical. A lo que nos enfrentamos ahora es a una amnistía migratoria, ni siquiera instituida democráticamente por el legislador, sino unilateralmente por el Presidente de la República.

Evidentemente, las autoridades hacen caso omiso de las opiniones y las preocupaciones de los ciudadanos y profesionales de la materia. Seguir escribiendo artículos y textos de todo tipo cargados de explicaciones jurídicas y económicas pertinentes y enriquecidas con razonamientos basados en normas vigentes, datos estadísticos y bibliografía, ya carece de sentido.

¿Qué papel quisiera desempeñar este texto? Una especulación y enumeración de temores legítimos y elementos de riesgos latentes provocados por la inminente amnistía migratoria.

Puede que nada de esto suceda, puede que si algo sucede, sea sólo de forma parcial, y puede que ni siquiera suceda en este orden ni en estos lapsos de tiempo, pero todos estos son fenómenos para lo que deberíamos estar preparados:

1- Año 2013: Aprobación, promulgación, puesta en vigencia y ejecución del Plan Nacional de Regularización de extranjeros contentivo de la nueva medida administrativa de amnistía migratoria.

2- Año 2014: Decenas de miles de personas descendientes de haitianos en situación documental similar a la de Juliana Deguis acuden a las autoridades para beneficiarse del régimen de regularización y no deportación. A estos se les suman los cientos de miles de haitianos radicados ilegalmente en el país de forma incontrolada hasta el año 2011, y posteriormente se les unen otros nuevos cientos de miles que atraviesan la porosa (y casi imaginaria) frontera como producto del “efecto llamada”. Ninguna de estas personas podrán ser deportadas, sólo les bastará con llenar el formulario sin presentar documentos.

3- Año 2014-2015: Promulgación de la modificación a la Ley No. 1683 sobre Naturalización, contentiva de procesos expeditos y extremadamente flexibles de acceso a la dominicanización por naturalización de los extranjeros regularizados.

4- Año 2015: Millones de haitianos beneficiados por el régimen de no deportación se radican en el país, y aunque la mitad nunca haya presentado documentos o sus peticiones hayan sido rechazadas (lo cual es poco probable por la evidente tendencia antidominicana del actual gobierno y la recién designada Directora del Instituto Nacional de Migración), no podrán ser deportados por las siguientes razones: a) prohibición de la normativa de derechos humanos sobre deportaciones masivas; y b) imposibilidad del Estado para procesar millones de vías de recursos administrativos y judiciales sobre las decisiones y omisiones sobre regularización.

5- Año 2015-2020: Será una etapa en que se destaparán múltiples crisis en los siguientes sectores:

a. Estancamiento y ruptura de la economía. El modelo de explotación subsalarial del empleador dominicano a trabajadores inmigrantes ilegales y su efecto en la marginación del trabajador pobre dominicano es sustituida por otro modelo. Los inmigrantes haitianos serán contratados legalmente, pero como son provenientes de una economía sustancialmente más deprimida (propia de un Estado fallido), seguirán sustituyendo la mano de obra dominicana, pero con el problema agregado de la sobreoferta de mano de obra.

b. Crisis del sistema de seguridad social. La absorción de esa gran masa de inmigrantes pobres que ingresarán a la vida laboral regular implicará, también, su ingreso al sistema de seguridad social subsidiado, por lo que las clases trabajadoras más pudientes deberán cargar con los costos del sostenimiento de la seguridad social de millones de trabajadores pobres.

c. Crisis medioambiental. La marejada humana haitiana y la insuficiente disponibilidad de recursos creará las condiciones para que los recursos agrícolas y forestales dominicanos sean arrasados hasta niveles mínimos, tal y como pasó en Haití, cuya tierra cultivable sólo ocupa menos de un 1%.

d. Crisis de contaminación rural y urbana. Millones de personas en graves condiciones económicas sin acceso a hogares ocupan las calles, la producción de desperdicios será demasiada para el sistema de manejo de basura en el territorio nacional.

e. Crisis sanitaria. El asentamiento de numerosas comunidades pobres inmigrantes en condiciones poco higiénicas servirán como caldo de cultivo y medio de propagación de enfermedades. Especialmente aquellas comunidades que se asienten cerca de recursos hídricos provocarán el aumento indetenible de casos de cólera y otras enfermedades vinculadas a condiciones sanitarias desfavorables. Además, se importarán enfermedades de Haití ya superadas por el resto del planeta, como el polio, la filariasis y la viruela.

f. Crisis de servicios públicos. Los nuevos inmigrantes regularizados ocupan gran espectro de la utilización de servicios básicos como salud y educación, desplazando el puesto a los dominicanos y creando condiciones de insostenibilidad por sobrepoblación y falta de recursos.

g. Aumento de impuestos y crisis tributaria. Para poder sostener los nuevos millones individuos demandantes de servicios, comida, atenciones médicas y educación infantil, el Estado necesitará incrementar la tasa de recaudación y la diversificación de los impuestos.

h. Crisis energética. Los inmigrantes regularizados que hagan uso de servicios de energía eléctrica colapsarán un sistema que apenas resulta operativo para una insignificante parte de la población dominicana.

i. Crisis de criminalidad. Con el aumento acelerado de pobreza, aumento de la marginación, colapso en el sistema educativo e insuficiencia de los organismos de seguridad, las tasas de criminalidad alcanzan niveles históricos.

j. Tensión y roces sociales. La convivencia inevitable sobre un mismo suelo de dos pueblos distintos con culturas diferentes en todos y cada uno de los aspectos que la componen, y la insoportable crisis nacional, empieza a generar hechos aislados de enfrentamientos violentos dentro de comunidades locales. Con los meses, se van volviendo más recurrentes.

6- Año 2020: Los inmigrantes regularizados y recién nacionalizados como dominicanos se unen y crean una gran fuerza de voto para imponer un Presidente de su preferencia.

7- Año 2020-2026: La crisis nacional llega a extremos nunca vistos y se plantea en la comunidad internacional la posibilidad de una “intervención humanitaria” para la reducción de la crisis, el mantenimiento de la paz, la protección de derechos humanos, la unificación oficial de la isla y la creación de un Estado único.

8- Año 2026: Para esta fecha se logra el posicionamiento a gran escala de regularizados naturalizados en el Congreso Nacional y los Ministerios de la Administración Pública. En estas condiciones de franco poder, operan una modificación constitucional para extender los derechos políticos de los naturalizados para ser elegibles a la Presidencia de la República.

9- Año 2030: Desaparecen los vestigios fronterizos remanentes y la unificación política de la isla es virtual: dos países gobernados por la misma etnia.

¿Hay alternativas? Posiblemente la única salida ejecutable desde la perspectiva dominicana sea el ataque contra el Plan Nacional de Regularización por vía de un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, para la declaración de su nulidad, obligando al Poder Ejecutivo a reelaborar el Plan con criterios más razonables, legales y constitucionales. Por supuesto, esto implica contar con la firmeza de principios y fuerza de voluntad de los jueces constitucionales y la esperanza de que no sean doblegados frente a un poder avasallante.

Pero, mientras todo esto se debate, la atención vuelve a recaer sobre las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes inevitablemente van a condenar al Estado dominicano, aún por encima de su incompetencia y su clara parcialidad.

En fin, queda preguntarse: ¿Qué papel jugarás tú, lector? ¿Qué papel jugaremos los dominicanos?

Lic. Juan M. Castillo Roldán, L.L.M.
Abogado, Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Derecho Migratorio dominicano.

Publicado el 16/10/13 a las 03:04:11